Quiénes somos

163883630La Fundación para el Estudio Corporativo y Fomento de la Administración Judicial (FURJA) tuvo su semilla en las reflexiones y experiencias de un grupo de administradores concursales, sus fundadores; abogados unos, economistas y auditores otros, quienes profundamente comprometidos con el estudio, la práctica diaria y la formación continua en Derecho y Ciencias Económicas, firmemente ligados a la Administración de Justicia a quien profesionalmente auxilian, con el más profundo de los respetos, en el ejercicio del cargo de administradores concursales,conscientes de las ventajas de que ha dado cuenta, tanto para nuestro derecho de la insolvencia como en el ámbito judicial mercantil así como para la práctica empresarial en circuns  tancias de crisis, la vigente Ley Concursal desde que trajo de la mano la disciplina estatutaria del instituto de la Administración Concursal, han llegado a la convicción de que la administración judicial, como ocurre en otros ordenamientos de nuestro entorno, está llamada a desempeñar un papel fundamental en el proceso, convirtiéndose en un medio útil en la satisfacción de los intereses de las partes en litigio, sean estas públicas o privadas, pudiendo ser utilizada tanto como medio de preven- ción o aseguramiento como de ejecución.

Así, y si bien tradicionalmente se suele identificar como un medio o mecanismo para facilitar la reali- zación judicial de créditos en el orden civil, o de los acreedores concurrentes en el proceso mercantil, la administración judicial sirve a más amplios objetivos ya que puede tener aplicación en todas las jurisdicciones y, singularmente, por lo que a nuestra Fundación ocupa y preocupa, en el orden penal. En efecto, la Ley Orgánica 5/2010, al tiempo que desterró de nuestro Código criminal el vetusto principio “societas delinquere non potest” y convirtió a los entes privados dotados de de personalidad ju- rídica en personas susceptibles de responder personalmente por actos delictivos cometidos en su seno y en su provecho por personas vinculadas a ella, elevó a la intervención judicial a la categoría de protagonista entre las penas interdictivas (y graves) de cuantas resultan imponibles directamente a las personas jurídicas penalmente responsables.

De ella destaca la doctrina tanto su potencial pre- ventivo-especial y rehabilitador pues permite con- trolar o anular, de modo temporal o incluso definitivo, a la persona jurídica que ha revelado una especial peligrosidad; como su altas dosis de flexibilidad y adaptabilidad pues puede siempre ajustarse el ámbito de injerencia y dosificarse un mayor o menor grado de injerencia correctora adaptándolo a lo estrictamente necesario, sin arriesgar innece- sariamente los puestos de trabajo o los compromisos con otros sujetos adquiridos previamente por la empresa. Y ello dándose al tiempo la circunstancia de que es precisamente la externalización del cargo hacia órganos auxiliares unida a la profesionalización de los mandatarios judiciales que FURJA propugna, el mecanismo para superar su principal obstáculo: la sobrecarga de juzgados y tribunales. Todo ello no obstante, la disciplina escrita de la administración judicial en sede penal y procesal-penal es singularmente escasa y su verdadera configuración no está exenta de interrogantes.

Singularmente en el proyecto FURJA, estas circunstancias nos obligan a realizar un esfuerzo previo de diálogo y consulta con, al menos, Jueces y Magistrados, Secretarios Judiciales, Fiscales y Abogados del Estado. Todos ellos han de contribuir a superar las reticencias o el miedo a su adopción práctica; a de- tectar, observar y potenciar sus ventajas; y, en última instancia, a sentar las bases de la profesionalización de quienes han de ostentar el cargo al que indisolublemente va unida la institución: el de interventor/ administrador judicial.

Formación 

FURJA está decidida a abordar el diseño del “patrón del Administrador Judicial” que permita educar, formar y preparar a administradores judiciales “a medida”, es decir, a la vista de las demandas, necesidades, consideraciones y criterios de los actores jurídicos antes citados.

A su vez y para ello, FURJA está dispuesta a proceder, a corto plazo, al “diseño, corte y confección” de ese “patrón ideal” en tres etapas y a través de tres acciones secuenciales diferenciadas:

1- Planteamiento del proyecto fundacional al CGPJ y al Ministerio de Justicia, con vistas a obtener su homologación además de su apoyo y contribución a la difusión de la iniciativa y la promoción de la apertura del debate.

2- Debate de la cuestión en mesas redondas integradas por, al menos, Jueces y Magistrados, Secretarios Judiciales, Fiscales y Abogados del Estado, y a formulación de las conclusiones alcanzadas.

3-Formación de Jueces y Magistrados, Secretarios Judiciales, Fiscales y Abogados del Estado. En conexión con este último aspecto, la Fundación, para alcanzar los fines de interés general que persigue, y en particular en cuanto a la promoción de la implantación de la figura del administrador judicial profesional en sede penal se refiere, desarrollará, al menos, las siguientes actividades a medio y largo plazo:

Formación de postgrado.
Dirigida, entre otros, a los abogados, auditores, economistas y titulados mercantiles que precisamen te habrán de auxiliar a los órganos judiciales.
A través de un curso o máster de excelencia.

Cuyo programa y contenido se diseñará con sujeción a las conclusiones formuladas en la etapa anterior.

Que se desarrollará con las técnicas de educación y estudio que mejor se adapten al fin perseguido.

Que, finalmente, habrá de ser impartido por un profe sorado de reconocido prestigio.

Formación específica en materia de cumplimiento corporativo y prevención de riesgos y conduc- tas delictivas asociadas a la empresa.

Análisis de resultados y propuestas de mejora.

Investigación.

Publicaciones.